AESCO CONSIDERA UN SINSENTIDO PROHIBIR LAS REBAJAS Y CRITICA LOS CAMBIOS DE CRITERIO DEL GOBIERNO
La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), integrada en CES, muestra su creciente malestar con el Gobierno central al prohibir definitivamente las rebajas, creando una gran confusión en el sector al cambiar varias veces de criterio en el mismo día.
El Ministerio de Sanidad, en la orden publicada este pasado sábado en el BOE, las prohibía en las tiendas físicas. Sin embargo, ayer miércoles el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo matizaba que sí se permitían siempre y cuando no hubiera aglomeraciones, matiz que fue corregido horas después por Sanidad que reiteró la prohibición de las rebajas porque, según el ministro Salvador Illa, son un reclamo y generan aglomeraciones que hay que evitar a toda costa.
Ante esta vorágine de informaciones contradictorias, que han indignado al sector, AESCO insta a que haya una mayor coordinación entre los diferentes ministerios porque “no podemos estar con esta inseguridad jurídica a estas alturas”, a la vez que pide a Sanidad que recapacite su decisión porque fomenta la competencia desleal.
En el actual contexto, AESCO, junto con las organizaciones en las que está integrada (CES, CONFERCO, CEC y COCAHI), subraya que es una incoherencia la prohibición de las rebajas en las tiendas físicas y fundamentarla en el hecho de evitar posibles aglomeraciones “carece de sentido cuando ya hay establecidas limitaciones de aforo en los establecimientos”.
Para la patronal del comercio salmantino el hecho de que las rebajas no existan en la calle pero sí se permitan a través de la venta online “atenta directamente contra el comercio de proximidad, que estaría en clara desventaja competitiva en un momento tan crítico”. “Si la próxima temporada de rebajas llega en estas condiciones, decenas de negocios de Salamanca pueden estar abocados a cerrar sus puertas”, se añade.
Ante esta difícil situación, AESCO pide “mayor empatía” con el sector del comercio y que se refuercen las medidas para protegerlo de los efectos del Covid-19, dado que es “uno de los sectores más perjudicados” y del que dependen cerca de 20.000 familias en Salamanca; representa cerca del 10,3% del PIB de Castilla y León y emplea a más de 137.000 trabajadores en la Región; y a 1,2 millones en nuestro país.
